El gobierno mexicano decidió su incorporación a la OCDE en 1994, quizá por considerar lamodalidad más eficiente de coordinación económica, aunque también es una condición necesaria para garantizar la máxima libertad política.
A casi tres lustros de distancia, todavía las fuerzas políticas opositoras a este proyecto siguen debatiendo, lamentablemente no centran sus posturas de las implicaciones sociales positivas que esta economía permite.
Para que el mercado pueda funcionar bien, se requiere además que oferentes y demandantes puedan confiar suficientemente en las señales que reciban de sus contrapartesen el mercado, para poder tomar decisiones racionales con base en ellas.
La necesidadde información confiable existe también, y no en último lugar, con respecto al comportamiento del Estado.
Las injerencias del Estado en la economía (regulaciones, impuestos, etc.) deben ser tan consistentes, como para no dificultar una planeación segura a los actores del mercado - especialmente a aquellos que tienen que hacer sus disposiciones a más largo plazo.
Un mercado altamente eficiente no satisface todas las necesidades de una sociedad, por ello el Estado tiene la tarea de intervenir activamente dondequiera que se produzca lesiones de intereses sociales legítimos. Sus recursos son: restricción de la libertad del mercado, compensación de fallas del mercado, corrección de resultados generados por el mercado. Todo ello en defensa de intereses públicos.
Hay necesidades que no son satisfechas por el mercado. Esto, en parte, se debe a la imposibilidad de establecer una competencia del lado de la oferta (en el caso de los así llamados monopolios “naturales”). Otra causa es que no se da una demanda individual, porque el beneficio no se puede limitar al adquiriente de la prestación respectiva (ejemplos: investigación básica, infraestructurapública, formación de recursos humanos, seguridad pública). La falta de capacidad empresarial para responder a los deseos de los consumidores o a las oportunidadesdel mercado externo. En todos estos casos es el Estado quien deberá hacerse cargo de las actividades económicas correspondientes, ya sea actuando como empresario sustitutivo o subsidiando o regulando a oferentes privados.
Al Estado le corresponde la tarea de procurar una distribución lo más amplia posible del patrimonio de los mexicanos, la expropiación de patrimonio existente es poco viable, por lo que solo se podrá satisfacer a través de la generación adicional de riqueza en la sociedad.
Una parte de los ingresos corrientes de amplios estratos de la población debe emplearse para generar patrimonio. El Estado puede estimular este proceso mediante incentivose incluso imponerlo por ley, dentro de ciertos limites.
El peligro que un individuo quede totalmente desprotegidoa merced de riesgos típicos de la vida, tales como vejez, enfermedad, ausencia del sostén de la familia. Son riesgos considerados la fuente principal de un despojo material inaceptable. A ellos se añade el riesgo del desempleo, el cual dentro de la concepción de un mercado laboral eficiente solo tiene cabida como un fenómeno ocasional y de duración limitada. La previsión contra los riesgos indicados representa una importante tarea del Estado en la economía social demercado.
No se requiere,en mayor medida, de una redistribución de los ricos hacia los pobres o de los empresarios hacia los trabajadores, sino simplemente de una dispersión de los riesgos según el principio del seguro: todos los asegurados aportan una cuota y los afectados por el “siniestro” reciben una ayuda.
En Alemania la dimensión de la redistribución siempre ha sido la dimensión geográfica. La Constitución obliga al Estado de velar que los estándares de vida sean iguales por todo el terreno de la República. Esto implica que el Estado distribuye sus inversiones de infraestructura de modo igualitario, que no favorezca a las zonas centrales,y particularmente que asegure a todos los ciudadanos, dondequiera que habiten,tengan igual acceso a la formación escolar y universitaria.
Las finanzas del Estado deben ser sólidas y la contratación de créditos por parte del Estado deben mantenerse dentro de los límites de un prefinanciamiento de inversiones que más tarde arrojarían un rendimiento tributario.
Las condiciones políticas del funcionamiento del síndrome eran: fuerza laboral con alto poder de negociación, política económica enfocada a la estabilidad del ciclo económico, seguridad social efectiva para minimizar conflictos y paraestabilizar adicionalmente la demanda. Estas condiciones se establecieron entre otras razones, gracias a que los empresarios y dueños del capital las aprobaron por su propio interés. En este contexto a veces se suele hablar o de un consenso o de un compromiso de clases.
Para el funcionamiento del síndrome no tenía importancia decisiva la maximización de la asignación de recursos, tal como está en primer plano en el proyecto de ordenamiento de la economía social de mercado.