El Modelo Y La Realidad Alemana

Alfred Pfaller

Fundación Friedrich Ebert, Bonn

Parte3/3

EL PAPEL DEL ESTADO ANTE LOSDESAFIOS DE HOY

Globalización y retardación de crecimiento económico

A partir de losmediados de los años 70 los Estados bienestar occidentales se encuentran confrontados con dos desafíos que llaman por una redefinición de las funciones estatales. Uno es la llamada globalización económica. La otra es la retardación prolongada del crecimiento económico.

Las más obvias son las consecuencias del segundo fenómeno. En cuanto al papel económico del Estado son dos: Primero, la presión sobre el Estado de endeudarse creció enormemente ya que los programas de seguridad social establecidos en el periodo anterior empezaron a demandar gastos crecientes justo cuando los ingresos tributarios se disminuyeron y cuando la sabiduría anticíclica convencional prohibió una consolidación de las finanzas del estado. Segundo, con la tasa creciente de desempleo - consecuencia en gran medida de la disminución del crecimiento económico - se desmorono el fundamento del Estado bienestar de las décadas pasadas, aunque se elevaron sus gastos.

La verdadera naturaleza del desafío de la globalización todavía no es bien entendida y siguesiendo un asunto de controversia. Sin embargo se reconocen dos efectos con respecto al papel económico del Estado. Primero, el espacio de maniobra del Estado para el manejo de la macroeconomía se ha disminuido radicalmente. Es el juicio del capital financiero sumamente móvil acerca de las perspectivas de inflación y del tipo de cambio que decide sobre la tasa de interés a largo plazo y el valor de la moneda nacional. Hay que hacerle caso al capital financiero con una política monetaria e incluso fiscal más bien restrictiva o hay que sufrir las consecuencias de su desconfianza. México debió experimentar esto de modo más dramático y doloroso.

Segundo, la percepción generalizada de que las naciones luchan entre si por poder vender sus productos y el trabajo de sus fuerzas laborales en los mercados mundiales ha puesto de relieve el papel del Estado como empresario colectivo. Este papel ha sido siempre presente en la realidad también de Alemania - pero fue más bien suprimido en el plano teórico-ideológico. El concepto de la economía social de mercado reconoce la función estatal de proporcionar bienes públicos, pero rechaza explícitamente la noción de que tales bienes públicos contribuyan a la competitividad del país. Hoy en día el interés abstracto del consumidor,enfatizado en el concepto de la economía social de mercado, ya no puede ser la guía exclusiva de la actitud económica del Estado.

Cabe agregar que el contexto de la globalización del capital ha aumentado mucho la importancia de la estabilización macroeconómica a nivel mundial, de la cual tratan de hacerse cargo los gobiernos de los grandes países ricos, entre ellos Alemania, desde que se término el régimen de los tipos de cambio fijos. Pero la globalización también ha hecho mucho más difícil tal estabilización, ya que para reducir efectivamentelas fluctuaciones de los tipos de cambio ante las expectativas especulativas del capital financiero haría falta una coordinación sumamente estrecha no solamente de las políticas monetarias sino también de las políticas fiscales. Esto, sin embargo, se atropella con la soberanía que reclaman en el campo de las finanzas públicas los parlamentos de las democracias occidentales.

En la ultima parte de esta ponencia voy a hacer algunos apuntes con respecto a las opciones que tiene el Estado frente a dos desafíos que acabe de mencionar. Uno es la competitividad de los productores nacionales en los mercados internacionales. El otro es el mantenimiento de un orden social aceptable, dado que los mecanismos establecidos del Estado bienestar son cada vez más inefectivos y al mismo tiempo más costosos.

El desafío de la competitividad

Con respecto al desafío de la competitividad hay que plantear tres interrogantes:

1.  ¿Cual es la naturaleza del desafío?

2.  ¿Que debe y puede hacer el Estado para fortalecer la competitividad nacional?

3.  ¿Cuales son las condiciones que capacitan al Estado de hacer uso funcional y no disfuncional de

las varias palancas que existen en teoría para promover la competitividad?

Consideremos la primer interrogante: Competitividad significa dos cosas: poder vender los productos nacionales en los mercados expuestos a la competencia internacional y conseguir un ingreso lo más alto posible para los factores nacionales de producción y la sociedad huésped en general (remuneración alta para los trabajadores, precios altos para los que ofrecen insumos locales, alto nivel de protección para el medio ambiente local, impuestos altos para el Estado, etc.). Poder vender, esto requiere precios no encima del nivel dictado por los competidores. Obtener ingresos altos a pesar de este dictado demanda una productividad alta o la capacidad de ofrecer productos que por su calidad superior consiguen precios altos en el mercado.

La llamada globalización - encima de los efectos ya mencionados - parece conllevar una amenaza doble para la competitividad de los países altamente industrializados:

A. Países con costos bajos recuperan terreno en cuanto a productividad y competencia tecnológica.

B. Las empresas que son los verdaderos dueños de la productividad y la competencia tecnológica superior son cada vez más capaces de transferir esta superioridad a locaciones nuevas con nivel de precios locales más bajos.

Como consecuencia los ingresos altos de ataño ya no parecen viables en los mercados de hoy y mañana. La movilidad de las empresas además parece bloquear el camino de defender los ingresos altos avanzando a niveles cada vez más altos de productividad y competencia tecnológica.

Ahora bien, hay dos consideraciones que pueden quitarle el sentido dramático de la perspectiva esbozada. Primero, desde siempre existieron mecanismos de compensación para desarrollos divergentes en los niveles nacionales de costos: ajustes del tipo de cambio y modificaciones en las estructuras de producción, llevando a cambios en la división internacional de trabajo. Tal vez es prematuro decir que estos mecanismos hoy en día ya no funcionan. Tal vez se confunden reestructuraciones rápidas a nivel sectorial, que pueden constituir experiencias traumáticas para la gente afectada, con una amenaza generalizada a nivel de toda la economía nacional.

La segunda consideración es que la productividad, la calidad de producción y la innovación tecnológica en gran medida no son funciones internas de las empresas sino dependen del medio ambiente económico, organizativo, cultural y socio-político en el cual actúan las empresas. Werner Kamppeter ha creado el término“fertilidad industrial” para denominar el conjunto de los factores extraempresariales que son conducidos a la productividad . Más que todo es la“fertilidad industrial” que hace atractiva una locación para una empresa, no el hecho que ofrece insumos baratos y permisos generosos para externalizar costos(es decir: imponerles a la sociedad huésped). No es por nada que la mayor partede las inversiones productivas sigue siendo dirigida a las locaciones con los salarios más altos, los terrenos más caros y las regulaciones más estrictas.

Tenemos que dejar el asunto en un estado de ambiguedad y basar en el la respuesta en la segundainterrogante: ¿Cual papel corresponde al Estado con respecto a la competitividad? Dos imperativos parecen bastante claros. El primero es que el Estado no obstaculice la inversión, la innovación y la iniciativa empresarial en general. No menos claro es que el Estado tiene que velar por que no seproduzcan procesos que socavan la competitividad de precios de las empresas radicadas en el país.Esto se refiere tantoa la suma de los costos en moneda nacional (salarios, inmuebles, impuestos, regulaciones restrictivas) como al tipo de cambio.

Un tercer imperativo parece más controvertible. El Estado tiene la tarea de hacer todo lo que este a su alcance para máximizar la “fertilidad industrial” del país. Pero ¿que implica esto? ¿Se refiere más que a los bienes públicos clásicos, es decir la infraestructura física, la formación de “capital humano”, la investigación básica, la estabilidad social, e incluso los varios servicios de consultoría para las empresas privadas? ¿En que medida debe el Estado iniciar y promover desarrollos tecnológicos específicos? ¿En que medida debe actuar como empresario substituto? Lógicamente, todas las medidas que logren superar el atentismo de las empresas privadas por falta de orientación, que logren abreviar la búsqueda costosa de caminos mercantilmente viables de innovación, que logren concentrar recursos dispersos para proyectos de desarrollo sensatos y que logren generar sinergías son justificadas y mejoran la calidad del país como locación industrial. Sin embargo, la toma de medidas no garantiza el éxito. El riesgo del fracaso y por ende del despilfarro de recursos es considerable. No hay recetas, requeridos son más bien discernimiento, pragmatismo y sutileza.

La evidencia disponible es ambigua. Por mucho tiempo se ha atribuido el éxito del Japón en los mercados mundiales al papel que asumía el Estado Japonés como“super-empresario colectivo”. Hoy se sabe que el numero de los proyectos fracasados del famoso MITI es mayor que el de sus éxitos.

Hoy se asigna una importancia mayor al hecho de que la política industrial Japonesa ha puesto énfasis desde el comienzo a la competencia interna entre las empresas. En su gran estudio sobre la competitividad de naciones, Michael Porter ha llegado a la conclusión que nada es mejor para la competitividad que la propia competencia.

La probabilidad de que el Estado realmente logre promover activamente la competitividad de las empresas radicadas en el país parece lo mayor lo menos desarrollada la capacidad del empresariado privado es y lo más obvios los vacíos son que puede llenar la actividad estatal. En la teoría clásica de la política de desarrollo(vea por ejemplo Albert Hirschman o Gerschenkorn) esto constituye un punto clave.

Pero aun en el contexto del desarrollo imitativo hay que ver que en la medida que el Estado asume un papel activo, cuasi-empresarial, se aumenta su vulnerabilidad frente a la incursión de los grupos de presión en la política. Como lo ha mostrado Peter Evans en un ensayo reciente, el Estado desarrollista exitoso debe tener equipos de administración y planificación que integran las personas mejor calificadas de la sociedad, que son altamente autónomos frente a la sociedad, especialmente al empresariado y que al mismo tiempo mantienen una estrecha colaboración con la empresa privada.

Hasta ahora no existen muchos Estados que hayan demostrado la capacidad de cumplir con todas estas exigencias.

Si las condiciones sociales e históricas no son propicias a tal capacidad más bien excepcional, es tal vez mejor restringir las posibilidades del Estado de intervenir, limitarlea las funciones bien definidas que le asigna el concepto de la economía social de mercado. En muchos casos el problema más grande de la abstinencia del Estadoes su inclinación intervencionista excesiva.

Mantenimiento de un orden socialaceptable

Y en asuntos sociales,¿que debería hacer el Estado frente al desafío de la globalización? La tesis pesimista sería: Los estándares sociales deben sacrificarse en aras de la economía y el Estado no puede eludir la tarea de imponer ese sacrificio. Las tesis alternativas se sitúan en diversos niveles de optimismo. Una posición postula que se reduzca la presión de competencia económica mediante la protección comercial para salvaguardar el orden social, considerando que tal reducción es viable económica y políticamente. Otra posición rechaza la noción que se ejerza presión sobre la substancia básica del Estado social, manteniendo que solo se trata de poner fin a los excesos. Otro punto de vista considera que el aseguramiento de la cohesión social es una condición central para la eficiencia económica y que, por ende, el buen funcionamiento del Estado benefactor fortalece la competitividad nacional.

Para llegar más allá del pesimismo u optimismo generalizado, vale la pena hacer un deslinde cuidadoso de los diferentes problemas parciales que confrontan hoy en día losEstados de bienestar occidentales. Como hemos visto, son dos: la pobreza creciente y los gastos cada vez más altos que son considerados una ventaja seria para la competitividad. Ahora bien, la pobreza así como una parte de la creciente carga de los gastos sociales se debe al aumento del desempleo. No obstante, la mayor parte de la carga del presupuesto social responde a dos causas diferentes, a saber (a) la creciente proporción de jubilados en la población total, y (b) la baja elasticidad-precio de la demanda de “salud” en tiempos en que la oferta se encarece cada vez más, debido a las posibilidades técnicas cada vez más amplias de la medicina.

El problema del desempleo masivo sin lugar a dudas tiene mucho que ver con rigideces del mercado laboral ante la desaceleración generalizada del crecimiento económico. En términos generales, los avances en materia de productividad benefician a una mayoría decreciente de personas que están en posesión de un lugar de trabajo,mientras que la minoría creciente de desempleados siguen sin obtener un ingreso del mercado y pasan a depender de pagos de transferencia del Estado. Mientras el crecimiento económico no se vuelva a acelerar en forma persistente, una estrategia para salir del problema consistiría en una regulación menos discriminatoria del mercado laboral (es decir o a través de la adjudicación diferente del total de horas de trabajo demandadas y remuneradas por la economía entre los oferentes de fuerza de trabajo, o de más trabajo público,financiado con recursos tributarios). La alternativa sería la desegulación del mercado laboral. Esta, claro está, generaría muy probablemente una gran cantidad de fuentes de trabajo muy mal remuneradas por lo que surgirían reivindicaciones adicionales de una compensación por parte del Estado debienestar. Una desregulación parcial, sin embargo, podría mantener este problema bajo control y contribuir a una reducción del desempleo. No obstante, es un hecho, que mientras persista el lento crecimiento, toda solución del problema del desempleo redundara en detrimento de aquellos que tienen trabajo. Ellos tendrían que soportar recortes salariales (en el caso de que sean reducidas las jornadas de trabajo) o pagar más impuestos y probablemente afrontar una menor seguridad de las fuentes de trabajo (en el caso de la desregulación). De todos modos, el costo del lento crecimiento se distribuiría de manera más pareja entre la fuerza laboral.

Resulta fácil de apreciar por que el Estado muestra poco entusiasmo por emprender estas vías desolución. La redistribución dentro de la “clase obrera” que ellas conllevan, es difícil de legitimar si al mismo tiempo se registra una cuantiosa redistribución de los ingresos salariales hacia los ingresos procedentes de patrimonio y actividad empresarial. Vuelve a resurgir en el horizonte el problema de la distribución del patrimonio que ya habían vislumbrado los padres de la economía social de mercado.

En cuanto a los costos crecientes de la seguridad social, hay que tener en cuenta que estos corresponden esencialmente a las preferencias de los ciudadanos en materia de seguro de vejez y seguro medico. El problema de fondo no es la cuantía como tal, sino la carga que representan para las empresas. Una solución podría consistir en que los patrones acuerden con los trabajadores el monto total del costo del trabajo equivalente al salario bruto, y que luego los trabajadores tengan que asumir ellos mismos el gasto correspondiente a su seguro social, del mismo modo que asumen todos sus gastos privados. En tales circunstancias, el incremento de las cuotas de seguro ya no se cargaría automáticamente a las empresas, sino que esto sería materia para las negociaciones colectivas. Una amplia privatización de aquella parte de la previsión social que se maneja según el principio de seguro (jubilación, desempleo) podría hacer más transparente la responsabilidad real, sin que esto implique una modificación en cuanto a la protección social de los ciudadanos o a la distribución de la cuotas. El volumen de las finanzas públicas, que en efecto no son más que una entidad de paso para las cotizaciones y prestaciones del seguro, disminuiría considerablemente y la cuota estatal, políticamente tan discutida, se reduciría instantáneamente. No obstante, el Estado tendría que intervenir estableciendo ciertas regulaciones a fin de mantener la obligatoriedad general de la previsión y de salvaguardar los derechos adquiridos de los contribuyentes.

Economía social de mercado y el poder de grupos sociales

En el debate que se da actualmente en Alemania y en otras partes en torno a la corrección del orden económico se discuten a nivel ideológico los derechos de la economía de mercado basada en el capital privado a la luz de reivindicaciones desmedidas de la sociedad y del Estado como órgano ejecutor de los intereses de la misma. En tal debate, son muy pocas las voces que opinan todavía que la economía podría responder a todas las exigencias que se le plantean. Pero también existe consenso acerca de que la economía de mercado debería seguir teniendo el carácter de social y ser objeto de regulaciones en interés de las necesidades de la sociedad. Una necesaria renovación general de la economía social de mercado, que compatibilizara las prioridades sociales y regulativas de hoy en día con una economía eficiente y exitosa en el contexto de la competencia internacional, sin embargo, inevitablemente tendría que afectar instituciones y derechos adquiridos, que se han ido conformando a lo largo de mucho tiempo. Es por ello, que en la realidad política está teniendo lugar un debate un tanto diferente. En el no se trata de una reordenación profunda y de un regreso a los principios originales, sino de la distribución de los costos de un “adelgazamiento” inevitable. Las decisiones no son configuradas tanto por criterios de fondo como por consideraciones relacionadas con la distribución de poder político. Los derechos adquiridos de los más débiles se sacrifican en aras del imperativo de una revitalización de la economía de mercado. Los derechos adquiridos de los grupos más fuertes, en cambio, se logran sustraer a la “flexibilización”. No se puede pasar por alto la tendencia hacia la perversión de la concepción original (no tanto de la realidad original) de la economía social de mercado: El mercado sigue siendo regulado en muchas área en beneficio de derechos sociales adquiridos. Sin embargo, para que la “economía” no sufra por un exceso de regulaciones y de tributación, se sacrifica a ella la protección de los más débiles. Poco a poco está por imponerse una dualización de la economía, es decir, su desdoblamiento en un segmento regulado, en el cual se ubican los grupos políticamente más fuertes, y un segmento no regulado, al cual se encuentran expuestos los más débiles. A menudo se pasa por alto que la responsabilidad de este resultado posible no solo recae en el reclamo neoliberal de un mercado libre, sino en igual medida en el grito inconsecuente de “!no se toque el Estado benefactor!” de los poderosos defensores del status quo.

Apoyan a todas aquellas personas que por su situación socioeconómica no puedan satisfacer sus necesidades básicas alimenticias; no se hace ningún tipo de distinción, pero se da preferencia a niños, ancianos y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ya que es la población más desprotegida y vulnerable de la sociedad.
También se brinda apoyo en situaciones de emergencia y desastres.

El proceso de selección de beneficiarios se determina con base en la dimensión de necesidades de cada institución o comunidad solicitante, en los recursos con que cuenta o pueda adquirir para recoger el alimento y en la posibilidad de aportar la cuota de recuperación solicitada por Alimento para Todos. Cabe mencionar que los gastos que se generan de las instituciones que trabajan con enfermos en fase terminal y que sus escasos recursos les impiden aportar la cuota de recuperacion, son absorbidos por Alimento para Todos.

Se apoya un promedio de 50,000 personas mensualmente, que reciben producto diariamente que contribuye a satisfacer sus necesidades básicas alimenticias.

También se apoyo a otros Bancos de Alimentos beneficiando adicionalmente a una población promedio mensual de 8,898 pesonas.

La FEBA agrupa a los siguientes países: Bélgica, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Polonia, Suiza y Ucrania

Beneficios que recibe la población

Directos:

• Alimento en cantidades adecuadas y suficientes que contribuyen a su alimentación diaria, (se toma en cuenta las caracteristicas particulares de la población para entregar el alimento).

• Elevar su estado nutricio.
• El alimento es entregado dignamente.
• Productos no alimenticios, pero que son útiles para contribuir a satisfacer necesidades alternas, como pañales, toallas sanitarias, detergentes, jabon, etc.
• Acceso a alimentos variados y nutritivos.

Indirectos: